Así se cayó el montaje que pretendieron ejecutar desde la Alcaldía de Ibagué

Por primera vez en 10 años de historia de EL OLFATO escribiré un artículo en primera persona, como director de este medio de comunicación, aun cuando pienso que los periodistas no debemos ser protagonistas de las noticias.

Lo hago por la gravedad de los hechos, la peligrosidad de las personas implicadas y los miles de millones de pesos que serían sustraídos de la Alcaldía de Ibagué a través de, presuntamente, hechos de corrupción administrativa.

Entremos en materia. La publicación de la investigación sobre las compras sospechosas de la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, y su esposo Juan Arturo Gutiérrez, y la divulgación de las imágenes de la camioneta Mercedes Benz, de $300 millones, que habría recibido como ‘regalo’ la mandataria, un mes después de ganar las elecciones, provocó varias reuniones esta semana entre altos funcionarios y contratistas del gobierno local. (Ver: Una Mercedes Benz y una casa en El Vergel: las compras poco claras de alcaldesa de Ibagué)

Los encuentros privados tenían un objetivo: trazar una estrategia para silenciarme y evitar la publicación de varias investigaciones que están en desarrollo. (Ver: Los negocios de más de $4.000 millones entre Johana Aranda y familiares de un concejal de Ibagué)

En este plan participaron dos personas que trabajaron en esta casa editorial. Una de ellas tuvo la misión de sustraer información interna de la empresa y la otra fue el enlace para intentar constreñir a un integrante de mi equipo de trabajo.

El plan criminal

El martes 3 de septiembre, dos personas cercanas se comunicaron conmigo para contarme que el oscuro ingeniero Diego Herrán, ‘cerebro’ del fallido proyecto del puente elevado de la calle 60, estaba preguntando por mi lugar de residencia, los sitios que frecuento, las personas que me rodean y mi relación con los integrantes de mi equipo de trabajo. (Ver: Aranda premió con contratos al cerebro del fallido puente de la 60)

Herrán habría tenido una relación laboral cercana con una persona que estuvo corto tiempo en la redacción de EL OLFATO y, a través de esa persona, habría logrado obtener información interna del área administrativa, como los salarios de los periodistas y el personal administrativo.

Este último dato no es menor. Con los valores de los ingresos mensuales del personal, procedieron a dar el siguiente paso.

El montaje y el constreñimiento

El miércoles 4 de septiembre, otra persona que trabajó hace varios años en la empresa se comunicó con uno de mis colaboradores más cercanos, quien tiene más años en la compañía y ha sido uno de los funcionarios más leales, comprometidos y promovidos dentro de la organización.

Le dijo que en la Alcaldía de Ibagué querían ofrecerle un contrato, que estaban muy interesados vincularlo de manera inmediata y que una abogada se comunicaría para iniciar el proceso cuanto antes.

La llamada generó sorpresa en mi trabajador y, en medio de su ingenuidad, llegó a pensar que de verdad estaban interesados en mejorar sus condiciones de vida. En ese momento no imaginó lo que le exigirían a cambio de tan generosa propuesta.

Tal era el afán de la Administración Municipal que, al día siguiente, el jueves 5, a las 6:00 de la tarde, citaron a mi trabajador en un restaurante ubicado en el sector de La Macarena.

La cita se concretó y la persona enviada por la Alcaldía de Ibagué se identificó como Angie. La charla fue tensa, pese a que la emisaria quiso plantear una conversación informal para lograr persuadir al empleado de EL OLFATO.

Le dijo que en la Administración Municipal sabían cuánto era su salario, le dieron la cifra exacta y que ellos le ofrecían la misma suma mensual, “por lo que queda del gobierno” de Johana Aranda. Lo mejor, era que, el dinero le llegaría sin falta así no fuera a trabajar.

La propuesta era tentadora. Serían unos $120 millones, en tres años y cuatro meses, sin tener que desempeñar ningún cargo.

Pero semejante oferta ‘laboral’ tenía una condición. Este trabajador debía declarar y revelar información falsa en mi contra, seguramente, para divulgarlo a través de las redes sociales o portales informativos cercanos al gobierno.

Hábilmente, mi funcionario manejó la situación con calma, logró grabar la conversación y le dijo a la supuesta abogada que le daría una respuesta la otra semana.

Recolectamos pruebas y avisamos a las autoridades

Una vez supe toda la información, procedí a recoger todas las evidencias: la grabación de audio de la charla, los mensajes de WhatsApp, las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona del encuentro y se le entregó todo a las autoridades para que inicien las investigaciones pertinentes.

Precisamente, para no afectar la investigación, decidí no presentar este contenido públicamente y fortalecer el material probatorio para que la Fiscalía Seccional Tolima pueda avanzar en su trabajo.

Llamado a las autoridades

Debido a la gravedad de lo narrado en este artículo, quiero pedirles al Gobierno Nacional y a la Fiscalía General de la Nación protección para mí, para mi familia y para los integrantes de mi equipo de trabajo y, sobre todo, rigurosidad e imparcialidad en la investigación.

Al mismo tiempo, si algo me llegara a suceder, hago responsables a la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda; a su esposo Juan Arturo Gutiérrez y al oscuro contratista Diego Herrán.

Además, quiero advertirles a ellos tres que hay muchas personas que aunque trabajan en la Alcaldía de Ibagué valoran mi trabajo, no comparten sus métodos y me cuentan cada uno de sus movimientos.

Por ejemplo, supe que están muy preocupados por establecer cómo justificarán la adquisición de la camioneta Mercedes Benz y que han pensado en decirles a las autoridades que la adquirieron fiada.

También me enteré que Juan Arturo Gutiérrez negó que estuviera cotizando cuatro bicicletas de alta gama, avaluadas en unos $200 millones, y que fue a la tienda de ciclismo solo a preguntar por unos guantes.

Les dejo estos dos datos para que sepan que estoy enterado.