Aranda contrató un abogado de $21 millones mensuales para defenderse del “puente fantasma” de Hurtado
Se trata de un profesional bogotano, quien recibirá $168 millones de las finanzas públicas por los errores del gobierno de su mentor y jefe político.
Escrito por: Luis Eduardo González
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Por una de las obras más polémicas e inconclusas del exalcalde Andrés Hurtado, hoy la ciudad de Ibagué se ve obligada a pagar millonarios honorarios a un abogado externo.
Se trata de Francisco Javier Perdomo Chaves, un jurista bogotano que cobrará $21 millones mensuales durante ocho meses —para un total de $168 millones— por representar al Municipio en los litigios relacionados con el frustrado puente elevado de la calle 60 con carrera Quinta. (Ver: Contrato del abogado del puente 'fantasma' de Andrés Hurtado)
La obra, que nunca se inició, dejó un rastro de contratos firmados, pagos comprometidos, y ahora, demandas judiciales. El Consorcio Puente Carrera 5, conformado por los empresarios Roberto José Gutiérrez, Olaguer Agudelo Prieto y la empresa Megaobras Infraestructura S.A.S., exige una indemnización de $58.000 millones tras la declaratoria de incumplimiento del contrato.
Defensa costosa para una herencia política incómoda
La contratación de Perdomo no solo levanta cuestionamientos por el monto, sino también por el contexto: el abogado fue vinculado por la administración de Johana Aranda, heredera política de Hurtado, y quien ha conservado en su equipo a varios de los responsables técnicos y jurídicos de aquella fallida contratación.
Es decir, los mismos funcionarios que firmaron los documentos del proyecto ahora asesoran a la mandataria que debe defenderse por sus consecuencias.
Tareas del contrato
- Según el contrato, el abogado deberá:
- Representar judicial y extrajudicialmente al Municipio en temas derivados de los contratos 1312 y 1313 de 2023 (los del “puente fantasma”).
- Responder derechos de petición relacionados con los procesos.
- Proyectar actos administrativos para la Oficina Jurídica.
- Acatar instrucciones de la supervisión del contrato.
¿Quién responde por el daño a la ciudad?
El fondo del asunto sigue sin esclarecerse: ¿por qué la administración anterior firmó compromisos de ejecución sin que existiera una viabilidad técnica y jurídica clara? ¿Por qué hoy los ciudadanos deben pagar la defensa legal por decisiones que, a todas luces, fueron improvisadas y negligentes?
La figura de Perdomo puede representar una defensa sólida ante la millonaria demanda, pero también refleja cómo el costo de los errores políticos lo termina asumiendo la ciudadanía. Mientras la obra nunca se hizo, los gastos siguen creciendo.
Ahora, la administración Aranda está ante una doble exigencia: demostrar transparencia en este nuevo contrato jurídico y explicar por qué quienes participaron en las decisiones originales siguen influyendo en la gestión actual.