Alcaldía de Ibagué incumple acción popular que obliga a realizar obras de saneamiento en La Martinica

Alrededor de 42 familias de La Martinica siguen esperando a que la Alcaldía de Ibagué cumpla con el fallo de la acción popular que la obliga a ejecutar obras para la evacuación de las aguas lluvias y evitar el deterioro de la vía en el área rural.

Los habitantes viven en continuo riesgo de que se registre un deslizamiento, por ser un sector con suelos arenosos y blandos, tendientes a la remoción en masa.

El ingeniero civil, Horacio Molano, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Rural, emitió concepto en 2016 en el cual concluyó que la vía de acceso a la vereda La Martinica se encontraba deteriorada debido a las aguas de escorrentía, las cuales no eran conducidas a las alcantarilladas por estar en mal estado. Además, de la carencia de cunetas. 

En total serían 26 las alcantarillas que están a lo largo de los tres kilómetros de la vía y las cuales se encuentra en pésimo estado. 

Guillermo Parra, habitante de este sector, presentó la acción popular en 2015, la cual fue fallada a su favor por el Juzgado Sexto Administrativo Oral, en febrero en 2019.

El Juzgado ordenó al Municipio a adelantar todas las gestiones necesarias para garantizar el mantenimiento de la vía que de La Cartagena conduce a la vereda La Martinica como la adecuada conducción de las aguas lluvias y las cuales debían iniciarse en un plazo no mayor a seis meses a partir del fallo y deberían culminar a los seis meses siguientes posteriores al vencimiento del plazo otorgado para su inicio.

El desacato

El Juzgado Sexto Administrativo abrió incidente de desacato en contra del alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, en septiembre de este año por solicitud de Guillermo Parra, quien reiteró la falta de voluntad de la Secretaría de Desarrollo Rural en dar cumplimiento al fallo de la acción popular.

La magistrada Juanita del Pilar Matiz, en audiencia de verificación de cumplimiento y llevada a cabo en febrero de este año, resaltó que la Administración Municipal no tenía ninguna intención de dar cumplimiento el fallo, porque habían transcurrido dos años sin que se hubiera hecho nada al respecto.

“Es evidente que el Municipio de Ibagué en las anteriores administraciones y en esta no ha hecho absolutamente nada por proteger la vida de estas personas que se pueden ver perjudicadas en cualquier momento. El informe que me presentan no da cumplimiento a la sentencia, es un proyecto de 16 meses los cuales exceden el año dado por el despacho para esto. El despacho solicita que lo replanteen y le den prioridad”, concluyó la Jueza.

La Procuraduría Ambiental también solicitó a la Alcaldía de Ibagué dar celeridad al proceso. Según lo expuesto por la Administración Municipal, la formulación de los diseños tomaría nueve meses y siete más la contratación y ejecución de las obras de mitigación.  

El pasado 1 de octubre, Parra solicitó al Juzgado continuar con el incidente de desacato en contra del mandatario local, puesto que el Municipio “ha seguido engañando al despacho y a la comunidad afectada con informes y acciones que nada tienen que ver con el cumplimiento al fallo proferido”, dijo el afectado.

Se está a la espera de la decisión que tome el juzgado y de que la Alcaldía de Ibagué mejore la calidad de vida de los habitantes de la vereda.