Alcaldesa de Ibagué no respondió por el origen de su fortuna exprés y lanzó amenaza contra esta redacción
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Johana Aranda no está dispuesta a explicarles a los ciudadanos el origen de los recursos económicos de su fortuna exprés, la cual logró obtener sin ni siquiera cumplir un año al frente de la Alcaldía de Ibagué.
La mandataria y su esposo Juan Arturo Gutiérrez estuvieron durante casi 18 meses desempleados y las finanzas personales no atravesaban un buen momento hasta antes de triunfar en las urnas.
Gutiérrez, por ejemplo, no pudo cubrir los gastos del colegio de su hijo el año pasado, como lo reveló su exesposa Paula Salinas, y la señora Aranda le reportó al Estado que al momento de posesionarse tenía en su cuenta bancaria apenas $32.617.
Pero todo cambió rápidamente y, ante tantas dudas que surgen de su nuevo y millonario estilo de vida, EL OLFATO optó por radicar un derecho de petición para trasladarle las preguntas que se negó a contestar en las entrevistas que se solicitaron a través de la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Ibagué.
Aranda no respondió ninguno de los interrogantes. Lo que sí hizo fue lanzar una amenaza contra el director de EL OLFATO, Luis Eduardo González, a quien pretende judicializar como mecanismo de presión y, tal vez, buscar así detener las investigaciones que hay en su contra.
Para esta redacción no son nuevas estas estrategias. En los gobiernos de Luis H. Rodríguez, Guillermo Alfonso Jaramillo y Andrés Hurtado, se han adelantado acciones legales contra el director de EL OLFATO sin éxito alguno.
Además, en 10 años de existencia de este medio de comunicación nunca hemos sido obligados a rectificar ninguna investigación, precisamente, porque todo lo que se publica está soportado con pruebas.
Las preguntas que Aranda no quiso responder:
- Se sirva informar de qué manera fue adquirida la camioneta Mercedes Benz, de placas GLP 232, la cual figuraba a su nombre desde el 27 de noviembre del año 2023 y está avaluada en cerca de $300 millones.
- Se sirva informar el origen de los recursos con los cuales se adquirieron dicha camioneta.
- Se sirva informar por qué la casa de El Vergel fue obtenida a través de un crédito otorgado a la excongresista Alba Esther Ramírez y no a título propio.
- Se sirva informar la razón por la cual la compra de su casa se realizó en $650 millones, si según los precios del mercado está avaluada en cerca de $1.200 millones.
- Se sirva informar si el contrato fue celebrado por $650 millones o si dicha diferencia de $550 millones fue cancelada en efectivo.
- Se sirva informar la razón por la cual la excongresista Alba Esther Ramírez donó $100 millones para su campaña y $130 millones para la compra de su casa.
- Se sirva informar el origen de los $568.300.000 que declaró este año al posesionarse como Alcaldesa de Ibagué, obtenidos, según usted, como 'ingresos y rentas', dado que estuvo sin trabajo un año y medio desde que salió de la Secretaría de Salud Municipal en junio de 2022.
- Se sirva informar cómo fue posible duplicar los ingresos en el año que estuvo sin trabajo. Esto ya que según fuentes de la dirección de Talento Humano de la Alcaldía de Ibagué sus informes anuales de Bienes y Rentas reflejaban ingresos anuales por cerca de $200 millones, durante los años 2020, 2021 y 2022.
- Se sirva informar si usted estaría dispuesta a revelar sus declaraciones de renta de los últimos cinco años. En caso afirmativo, solicito me sean remitidas dichas declaraciones.
- De ser desfavorable la petición se me informe por escrito los motivos en los cuales se fundamentó la negativa de la solicitud.
El silencio y la amenaza
La alcaldesa Johana Aranda inició su respuesta entregando una información falsa. Dijo que los artículos sobre el origen de su fortuna exprés se publicaron sin permitirle la oportunidad de defenderse.
“El periódico digital EL OLFATO realizó acusaciones falsas y temerarias en mi contra relacionadas con una camioneta Mercedes y una casa ubicada en El Vergel, atribuyéndome conductas delictivas que son inexistentes, sin brindarme la posibilidad de dar las explicaciones del caso previo a la publicación de la noticia”, escribió.
El día 27 de agosto, a las 3:54 de la tarde, vía WhatsApp, se le solicitó a la Oficina de Comunicaciones una entrevista con la alcaldesa Johana Aranda para tratar “un tema espinoso” y se les hizo la salvedad que era importante tener su versión de los hechos.
El jefe de prensa, Juan David Ortiz, respondió el mensaje y dijo que tramitaría la entrevista. El viernes 30 de agosto, a las 10:49 de la mañana, se reiteró la petición, pero la señora Aranda no accedió. Tenemos los chats y las evidencias.
Luego de mentir y posar como víctima, la alcaldesa continuó: me permito dar contestación a la información requerida y aclarar las acusaciones formuladas, en los siguientes términos:
- El día 5 de septiembre de 2024 radiqué denuncia penal en su contra ante la Fiscalía General de la Nación.
- Conforme a lo regulado en el Código de Procedimiento Penal, existe una etapa procesal donde se realizará el descubrimiento probatorio.
- Al estar radicada la denuncia y, conforme al artículo 29 de la Constitución Política, en consonancia con lo regulado en el Código de Procedimiento Penal, en especial el artículo 345, no estoy obligada a la entrega de documentos que estén en poder de la Fiscalía o de mis abogados que trabajan en la defensa de mis legítimos derechos.
- Por otra parte, conforme a la Iey 1712 de 2014, Iey 190 de 1995, Iey 1437 de 2011 y demás normas complementarias, no estoy obligada a entregar esa información que no tiene la connotación de pública.
Por último, dijo que es “respetuosa del trabajo que hacen los periodistas que buscan informar a la comunidad y, como cualquier ciudadano, tengo todo el derecho de iniciar las acciones legales en busca de proteger mis legítimos derechos. Los medios de comunicación son libres de realizar las investigaciones periodísticas que consideren necesarias para darlas a conocer a la comunidad con total independencia, claro está, que, respetando la veracidad de la información y el derecho a la honra y buen nombre de las personas, sin importar ningún tipo de ideologías o preferencias políticas”.
El equipo jurídico está atento a cualquier notificación de las autoridades para responder y aportar las pruebas y evidencias que se han publicado sobre la fortuna exprés de la alcaldesa Johana Aranda y los movimientos económicos de su esposo Juan Arturo Gutiérrez, quien alternaría su rol de Gestor Social con la jefatura de contratación en la sombra de la Alcaldía de Ibagué.
Asimismo, esta redacción pudo confirmar que una fiscalía especializada de Ibagué ya inició la investigación penal contra la alcaldesa Johana Aranda por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
