Alcalde de Ibagué suma otro desacato y deberá pagar multa por $29 millones

El Tribunal Administrativo del Tolima declaró en desacato al alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, y lo sancionó con una multa de $29.000.000, porque no se ha construido una obra que tiene como propósito mitigar el riesgo en el Conjunto Residencial Fénix en Calambeo. 

De la misma forma, dio como plazo al mandatario 10 días, para pagar la multa de sus propios recursos contados a partir de la ejecutoria de la providencia. 

Y se precisa que de no hacerlo “se hará efectivo el arresto hasta tanto se cumpla con el pago de la sanción, el que no podrá exceder seis meses”.

La medida se derivó de una acción popular que se interpuso en 2015 tras el colapso de un muro de contención y el posible derrumbe de un talud de tierra que colocaba en riesgo a varias viviendas del conjunto, ubicado en inmediaciones de la quebrada Cristales. 

Con el paso del tiempo y el incremento de la ola invernal se intensificó la problemática de inestabilidad del terreno. A pesar de que los accionantes tenían un fallo a favor que fue reiterado por el Consejo de Estado en 2019, las soluciones preventivas no llegaron. 

Por ello, ante la ausencia de acciones del Gobierno Local, el 14 de junio de 2022 dio apertura a un incidente de desacato en contra del mandatario. 

Y 15 días después, la Secretaría de Infraestructura hizo los estudios y diseños de las obras de mitigación y contención de la quebrada Los Cristales, igualmente, se conoció que había iniciado el respectivo trámite ambiental ante Cortolima.

A pesar de que la autoridad ambiental entregó el 31 de octubre de 2022 el permiso al Municipio para la ocupación de cauce en la quebrada y autorizó el aprovechamiento forestal de 13 árboles para la construcción de gaviones, el Municipio no adelantó las obras. 

En la última respuesta entregada por la Alcaldía al Tribunal, la entidad señaló que había publicado el pliego de condiciones para seleccionar al contratista para las “obras civiles para el control de erosión, corrección y protección del cauce de orilla quebrada Cristales”. 

No obstante, la administradora del Conjunto Fénix, que es la demandante en este caso, aseguró que hasta el pasado 29 de agosto la obra no se había adjudicado “y mucho menos llevado a cabo las obras civiles por parte del Municipio, lo cual pone en riesgo la vida de los residentes del sector”.

Para el Tribunal es evidente la “desidia” del Municipio en el proceso, pues es el principal responsable de cumplir la decisión judicial que ampara los derechos colectivos de la comunidad del conjunto. 

Finalmente, en este caso también estaba vinculado Cortolima, pero fue excluida del desacato porque ha acompañado a la entidad territorial, entregó información y aprobó los respectivos permisos para la intervención del cauce.