Abren desacato contra el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado

El Juzgado Octavo Administrativo abrió incidente de desacato en contra del alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, por incumplir el fallo de la acción popular que ordena al Municipio a recuperar el espacio público en el kilómetro 16 vía Picaleña.

La acción popular, fallada en 2018 , ordenó a la Administración Municipal a incluir a las familias, que habitan en el sector de Fabiolandia, en un programa de vivienda de interés social.

Según la jefe Jurídica del Municipio, Andrea Mayoral, el fallo beneficia a 15 familias. Las viviendas fueron edificadas sobre el gasoducto de Progasur, que a través de un proceso policivo solicita la recuperación del terreno, pues el transporte de gas es una actividad peligrosa y por ende, es deber del Estado mitigar el riesgo de que los ciudadanos se vean afectados por esta actividad. 

 “Una vez revisada la documentación (...) se avizora que a la fecha aún no se ha logrado la recuperación total del espacio público situado en el sector de Picaleña localizado al margen de la carretera de Ibagué que conduce a la ciudad de Bogotá, conocido como Fabiolandia, ni la inclusión de las familias referidas en el fallo popular, en un programa de vivienda de interés social conforme el cumplimiento de los requisitos legales”, advierte el juzgado.

La Corte Constitucional en revisión de una acción de tutela interpuesta por César Argelino Monsalva Velandia, de 78 años, y residente en dicho sector, ordenó en 2015 a la Inspección Novena que, en caso de que el proceso culminara en una orden de desalojo, se abstuviera de ejecutar la decisión hasta tanto el demandante y su familia fueran reubicados. Para esto el Municipio debería incluir a Monsalva Velandia en planes de vivienda que le garantizaran el acceso a una casa digna.  

Progasur inició, en 2014, las acciones legales ante la Inspección de Policía para que fuera desalojado el terreno. El gasoducto Buenos Aires – Ibagué inició operaciones en 1998 y a través del tiempo el predio fue invadido, sin que se efectuaran las acciones por parte de las autoridades para evitar la ocupación ilegal.