Corte Constitucional reiteró límites ante el desalojo de vendedores informales
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La Corte Constitucional ratificó la importancia de amparar los derechos de los vendedores ambulantes que son desalojados de sus sitios de trabajo y recordó que en los procesos de recuperación del espacio público deben ser protegidos los derechos, sobre todo de aquellos quienes tienen especial protección constitucional.
Este pronunciamiento se dio debido a que la Sala Cuarta de Revisión del alto tribunal amparó los derechos de una mujer de 72 años, quien fue desalojada de su kiosco, luego de un proceso policivo de restitución del espacio público.
La mujer tenía su puesto de trabajo cerca de un jarillón en la ciudad de Cali donde las autoridades municipales adelantan un proyecto para mitigar los riesgos causados por la ola invernal. Por este motivo, la vendedora informal fue desalojada del lugar, donde trabajó por más de 30 años.
La alta corte señaló que “la Inspección Urbana de Policía incurrió en un desconocimiento del precedente constitucional en materia del principio de confianza legítima y del derecho al trabajo de los vendedores informales”.
El principio de confianza legítima se centra en proteger a los ciudadanos frente a cambios bruscos ejecutados por las autoridades, a pesar de que el ciudadano no tenga un derecho adquirido. Es decir, que las autoridades violaron este derecho al desalojar abruptamente a la mujer y también desconocieron que la vendedora informal era adulta mayor y víctima reconocida de desplazamiento forzado.
La Corte le ordenó, tanto a las autoridades municipales adelantar un proceso con la vendedora informal y ofrecerle alternativas de reubicación o la oportunidad de capacitarse en áreas productivas que le permitan tener un ingreso económico para atender a sus necesidades.
