Funcionarios de la Secretaría de Salud del Tolima deben responder por pagos indebidos

La Contraloría General abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra varios funcionarios de la Secretaría de Salud del Tolima, el exgerente del hospital San Juan Bautista de Chaparral y dos subcontratistas por un aparente doble pago por gastos operativos en el marco del convenio que firmó la dependencia con esta entidad para la prevención del zika y el chikunguña en 11 municipios del departamento.

Desde enero de este año, la Contraloría había advertido que este contrato estaba lleno de irregularidades en el manejo de los recursos. En este caso en específico se investiga por qué la Secretaría le pagó al hospital la suma de $56 millones por la operación logística de un proyecto que no ejecutó, ya que se comprobó que este subcontrató a Fundasalud para que cumpliera con este ítem, razón por la cual obtuvo un pago de más de $75 millones. (Ver: Descubren ‘triangulación’ de recursos en la Secretaría de Salud del Tolima)

Por este presunto daño fiscal, deben responder ante la Contraloría la secretaria de Salud del Tolima, Sandra Liliana Torres, quien fue la ordenadora del gasto y quien suscribió el polémico contrato, y su director de Seguridad, Luis Eduardo González en calidad de asesor de la Secretaría, supervisor y encargado de autorizar pagos parciales.

De igual manera, fue involucrada en la investigación la exdirectora de Salud Pública y supervisora del contrato, Alexandra Patricia Lozano, quien según el auto de apertura era la encargada de autorizar los pagos parciales y finales, además de realizar la modificatorias de adición y la suscripción de informes de supervisión. Así como el exdirector Administrativo de Salud Pública y supervisor del contrato, Jorge Emilio Osorio Tabares.

Por parte del hospital San Juan Bautista de Chaparral fue vinculada la exgerente Ángela Maritza López. Y, José Vicente Rodríguez y Dirley Saavedra Quiñones, subcontratista del centro asistencial.

Es de recordar que este convenio interadministrativo cuyas irregularidades son amplias, se celebró muy posiblemente para evadir la ley de contratación pública y así poder tercerizar las obligaciones en un particular previamente seleccionado por el hospital de Chaparral. Sin embargo, este contrato ‘exprés’ no resultó siento tan conveniente para ninguna de las partes luego de que quedaran en evidencia dichas inconsistencias.