Fiscalía imputó el delito de prevaricato a dos concejales suspendidos y a dos exconcejales de Ibagué

La Fiscalía 27 de la unidad de delitos contra la Administración Pública imputó este jueves el delito de prevaricato por acción a los concejales suspendidos del Municipio Jorge Bolívar y Oswaldo Rubio, y a los excabildantes Carlos Portela y Camilo Delgado, este último aspirante a la Alcaldía de Ibagué. (Ver: Fiscalía 27 realizó inspección en las instalaciones del Concejo de Ibagué)

Los cuatro procesados tienen que responder por las irregularidades cometidas el 9 de enero del año 2016, cuando por razones poco claras, decidieron desatender los resultados de un concurso de méritos que contrató el Concejo Municipal para elegir el Contralor de Ibagué para el periodo constitucional 2016 – 2019.

En dicho concurso, la concursante que más alta votación obtuvo fue la abogada Marcela Jaramillo, pero el cabildo local modificó las reglas del proceso para elegir a Ramiro Sánchez, quien había quedado en el tercer lugar.

Sánchez gozaba del respaldo político de los partidos Liberal y Cambio Radical, y resultaba ser el más conveniente para la administración del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, puesto que era mejor tener un jefe de control fiscal aliado, y no una contralora cercana a Wilson Leal, el abogado más crítico del saliente gobierno municipal.

Durante la audiencia de imputación, la fiscal del caso reveló que “cuenta con elementos materiales probatorios suficientes y evidencia física para inferir razonablemente la participación de los concejales —en calidad de autores y a título de dolo—, ya que eran conscientes de su actuar en contra de la ley, al introducir ajustes en la parte final del proceso, que fue la inclusión en la lista de elegibles de una persona que no alcanzaba ni siquiera el 80% sobre el 100% del puntaje exigido, cambiando las reglas sustentando que no era listado de elegibles sino de aspirantes”, relató la fiscalía.

El concursante con la baja puntuación era precisamente Ramiro Sánchez (73.3 % sobre 100), pero que, por intereses políticos, sería el ‘bendecido’ por los jefes políticos de los partidos Liberal y Cambio Radical, según denunció en su momento EL OLFATO. (Ver: ¿La primera irregularidad del nuevo Concejo de Ibagué?)

“Los cabildantes tenían la capacidad de entender y comprender que su actuar estaba en contra de la ley al emitir resolución, dictamen o concepto distinto como servidores públicos, tal y como lo determina el delito de prevaricato por acción”, señaló la fiscal.

La audiencia de imputación se llevó a cabo ante el Juez Octavo Penal con función de control de garantías y ninguno de los cuatro procesados aceptó cargos.

Este viernes continuará la audiencia de imputación a cuatro concejales más de Ibagué, quienes participaron en este oscuro proceso de elección.