Ferro hace parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara que debe investigar al fiscal Francisco Barbosa

Crece el escándalo por la vinculación de la abogada Patricia Alvira, esposa del representante Ricardo Ferro, como fiscal seccional en el departamento del Tolima.

Fuentes del Congreso de la República le dijeron a EL OLFATO que existiría un grave conflicto de intereses en el nombramiento de la señora Alvira, pues su marido hace parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, célula legislativa encargada de investigar al fiscal general Francisco Barbosa.

Precisamente, hace dos meses, el representante Mauricio Toro, denunció a Barbosa por su polémico viaje a San Andrés, en compañía de su esposa Walfa Constanza Téllez, su hija y una amiga de la menor, el último fin de semana de junio, cuando el país estaba en aislamiento preventivo obligatorio. 

“Esto es muy grave: Denuncian al fiscal Barbosa ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara por su viaje a San Andrés y él, al poco tiempo, nombra en la Fiscalía General de la Nación a la esposa de un integrante de dicha Comisión. ¿Qué presentación tiene esto?”, dijo la fuente del Congreso, quien pidió mantener su nombre en reserva.

Ayer (martes), la Fiscalía contestó parcialmente el cuestionario enviado por esta redacción y admitió que la abogada Alvira ingresó a la nómina de la entidad por orden del fiscal Barbosa y no a través de un concurso de métiros.

“El Fiscal General de la Nación, en uso de sus facultades Constitucionales y legales y, en especial, en las conferidas por el Artículo 251°, numeral 2 de la Constitución Política y en los artículos 4° y numeral 22, Decreto Ley 016 del 2014 y 11° Decreto ley 20 del 2014, le corresponde exclusivamente la función de expedir los nombramientos dentro de la entidad, por lo tanto, el nombramiento de la doctora PATRICIA ALVIRA ARCE, se realizó en provisionalidad, para ocupar un cargo vacante en la entidad”, explicó el ente acusador. 
 
El pasado 25 de agosto, el congresista del Centro Democrático dijo que no tuvo ninguna injerencia en la vinculación de su esposa a la Fiscalía General de la Nación y que todos los cargos que ha ocupado los ha conseguido “por sus propios méritos”.

“Sea como haya sido la vinculación de su esposa a la Fiscalía, el representante Ferro debió renunciar a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, porque es juez natural del fiscal general. No lo hizo y por eso podría enfrentar un proceso de pérdida de investidura. Podría tratarse de una prebenda directa para un congresista-investigador”, opinó un abogado ibaguereño, radicado en Bogotá. 

Alvira ingresó a la unidad de delitos contra la Administración Pública

Otro hecho que se desconocía era que la nueva fiscal Patricia Alvira Arce fue designada a la unidad de delitos contra la Administración Pública, situación que ha generado enorme preocupación en la clase política regional y en la misma entidad.

“Es peligrosísimo que la esposa de Ferro tenga acceso a información confidencial relacionada con alcaldes y funcionarios públicos del Tolima. Ojalá no pase lo mismo que ha hecho Emilio Martínez con la Procuraduría: que arrodilla a sus contradictores políticos con investigaciones. Con un anónimo es suficiente para empapelarlo a uno”, dijo un alcalde de un partido diferente al Centro Democrático, en el que milita Ricardo Ferro.

Además, el nombramiento tampoco cayó bien en la sede seccional de la Fiscalía, pues hay desconfianza y reserva frente a la directriz adoptada por el nivel central.

Y, como si fuera poco, varios familiares de la fiscal Alvira, que han sido funcionarios públicos en el municipio de San Luis, son procesados por la unidad a la que ella pertenece.

El pasado mes de marzo, la Fiscalía formuló imputación en contra de Guillermo Ignacio Alvira Estrada, exalcalde de San Luis (2012 – 2015), como presunto autor a título de dolo del delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. El exmandatario es tío de la fiscal.