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Fecode ha llamado a la desobediencia civil, recogiendo consigna del senador Petro. Significa no alternancia, no presencialidad en los colegios. Según explican, no existen las condiciones de retorno con el COVID-19 en materia de protocolos, infraestructura, y elementos de bioseguridad.
Sin embargo, 32 secretarías de educación –de las 96 que hay- se han decidido por la alternancia. Algunos de sus colegios, los que cumplan con las condiciones, regresarán. El gobierno ha invertido 92 mil millones en medidas de bioseguridad. Fecode está decidido a mantener exclusivamente el trabajo en casa, pues la alternancia, dicen, pondría en riesgo la vida y salud de alumnos y profesores.
Sobre la pandemia hay muchas cosas que no están claras; unas pocas claras: El COVID-19 está agravando la inequidad. La brecha se amplía especialmente en la educación. El nivel de ingreso determina las capacidades de adaptación y al mismo tiempo, de acceso a computadores e internet. El proceso de educación virtual ha golpeado a los sectores más pobres y a los niños con algún tipo de discapacidad. La afectación académica aparece demostrada ya en varios estudios. Así como la afectación psicosocial; el encierro, la falta de socialización horizontal, la violencia intrafamiliar; dejarán, seguramente, secuelas serias en esta generación.
Propuse que para los padres que quieren que sus hijos regresen al colegio, y que hoy se encuentran las puertas de sus colegios cerradas por la decisión de Fecode, el gobierno debe proveer bonos escolares para que los niños del sistema público que lo requieran puedan entrar a colegios privados. Los padres son los responsables de sus hijos y en medio de la pandemia son quienes deben decidir si envían o no a sus hijos al colegio. Algunos tienen consideraciones de salud donde por un lado, el COVID-19 ha probado ser poco agresivo con los niños; por otro, que tienen miembros de la familia con comorbilidades. Algunos lo hacen por su propio trabajo; requieren que sus hijos vayan al colegio, pues sus actividades laborales, de las cuales depende su ingreso, requieren presencialidad, y no pueden dejar los niños solos en sus casas. Algunos porque los niños están tristes, aburridos, atrasados académicamente. Como sea, son los padres quienes deben decidir y no su capacidad económica.
No se trata, como se ha dicho, de acabar la educación pública que valoro y respeto. Sin embargo, también varios estudios muestran que el salto en calidad de la educación que requerimos puede impulsarse a través de los bonos educativos. Varios estudios coinciden con que los bonos pueden ser una valiosa alternativa. Michael Kremer investigó (2002) el resultado de los bonos escolares que se entregaron en Colombia por lotería. Esos estudiantes mejoraron su desempeño académico, disminuyeron su deserción y mejoraron sus ingresos en 10% sobre los niños que no se ganaron la lotería. El costo de los bonos es 7 veces menor que los ingresos adicionales que obtuvieron los beneficiarios con la lotería. El Instituto Merani (2016) también sostiene que hay cerca de 1.500 colegios públicos que rezagan el mejoramiento de los resultados de las pruebas Pisa. Sostiene Alejandro de Zubiría que al ritmo que vamos nos tomaría 100 años para alcanzar los resultados de Chile, los primeros de Suramérica; pues desde 2001 la inversión por estudiante ha llegado a duplicarse, sin que los resultados se alteren. Considera que un programa de bonos escolares podría ayudar a superar el rezago.
Ojala el gobierno considere esta propuesta. La decisión sobre la educación de los hijos es una de las más importantes que hacemos los padres; no puede tomarla un sindicato ni puede estar limitada por los ingresos de los padres. La educación es un derecho.
