Exministro tolimense Alberto Santofimio llamado a indagatoria por asesinato de Rodrigo Lara Bonilla
La Fiscalía General de la Nación llamó a indagatoria al exministro tolimense Alberto Santofimio y al excongresista Jairo Ortega, en el marco de las investigaciones que se adelantan por el magnicidio de Rodrigo Lara Bonilla, ocurrido el 30 de abril de 1984.
Las diligencias se llevarán a cabo el próximo 27 y 28 de agosto, y será un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos y DIH quien escuchará la versión de Santofimio y Ortega.
Después de dicha diligencia, se determinará si abren un proceso judicial por el magnicidio que fue declarado como delito de lesa humanidad, o si por el contrario, cesan el proceso penal.
#ATENCIÓN: Importante decisión en estrategia de esclarecer magnicidios. En caso por asesinato de exministro Rodrigo Lara Bonilla, (30/04/84), #Fiscalía citó a indagatoria a Alberto Santofimio Botero y a Jairo Ortega. Quedaron programadas para 27 y 28 de agosto, respectivamente
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 16 de agosto de 2018
Es de recordar que Santofimio Botero intentó acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el pasado mes de julio, incluso teniendo en cuenta que ya fue condenado, en 2011, a 24 años de prisión por la muerte del dirigente liberal Luis Carlos Galán. De acuerdo con su defensa, la solicitud a la JEP es para que se le otorgue la libertad condicional y anticipada. (Ver: El exministro tolimense Alberto Santofimio busca quedar en libertad por medio de la JEP)
En este momento el exministro tolimense se encuentra en detención domiciliaria luego de que el 23 de mayo de 2017 fuera trasladado de la cárcel la Picota de Bogotá a su lugar de residencia con un brasalete electrónico. (Ver: Alberto Santofimio salió de la cárcel La Picota)
En cuanto al crimen de Lara Bonilla, la Fiscalía durante el año 2016 exhumó los restos del exministro de Justicia ubicados en el cementerio los Olivos en Neiva (Huila), con el fin de identificar a los responsables de su muerte.
Pese a que la primera hipótesis del ente acusador consideraba que el crimen había sido cometido por alguno de sus escoltas, el ente acusador determinó que científicamente no se puede comprobar que el 30 de abril de 1984 alguien hubiera disparado desde adentro del vehículo en el que se desplazaba el exfuncionario.