"El riesgo de que el hospital veterinario sea un 'elefante blanco' es alto", dice rector de la UT

Tras la revelación de ELOLFATO.COM acerca de las irregularidades y el posible incumplimiento del contrato para la construcción de un hospital veterinario, el rector de la Universidad del Tolima, José Herman Muñoz, dijo que las directivas de la alma mater están buscando la manera de evitar que esta obra siga siendo el nuevo 'elefante blanco' de Ibagué.

Muñoz reveló que el consorcio CLB 2014 solicitó la suspensión inmediata del proyecto y una prórroga de ocho meses: "Ya le pedimos una información a la interventoría, al supervisor de la interventoría y al supervisor de obra, para tener un balance completo en relación con aspectos técnicos y financieros", dijo el rector de la UT.

Además de ello, Muñoz dijo que la Universidad está analizando las posibilidades jurídicas para evitar que el hospital veterinario continúe siendo un 'elefante blanco'. (Ver: El oscuro parto del nuevo ‘elefante blanco’ de Ibagué: el hospital veterinario de la UT)

"El riesgo es alto y nosotros como Universidad quisiéramos sacar adelante la obra, porque esto es una necesidad que se tiene para el programa de MVZ (Medicina Veterinaria y Zootecnia), también es importante para la región, para el sur de Ibagué", afirmó Muñoz.

Sobre la fecha estimada por la UT para que el hospital veterinario sea entregado a la comunidad universitaria, Muñoz dijo que todavía no es posible establecer un tiempo exacto para la entrega de las obras.

"Tener el hospital veterinario nos va a permitir avanzar en términos de calidad para el programa de MVZ, entonces abrigamos la esperanza de encontrar la mejor solución para poder entregar esta obra", dijo el rector de la UT.

Lo cierto es que las escuetas respuestas de José Herman Muñoz todavía no aclaran por qué la UT giró recursos por $1.121’783.741 a una cuenta corriente a nombre de Jorge Borgogno, uno de los integrantes del consorcio, y no a la cuenta oficial del grupo contratista.

Tampoco se conoce qué ha pasado con los $425 millones que, al día de hoy, no han sido legalizados de manera correcta por dos de los integrantes del consorcio.