El hilo conductor del vergonzoso ‘maridaje’ de la Procuraduría y Emilio Martínez

Las polémicas fotografías del procurador general Fernando Carrillo en la parranda de cumpleaños del polémico excongresista Emilio Martínez, jefe de Cambio Radical en el Tolima, no solo dejaron en evidencia la cercanía del jefe de este órgano de control con la clase política que debe vigilar, sino que pusieron al descubierto el hilo conductor de esa estrecha relación.

En las imágenes que se conocieron de la fiesta de Emilio Martínez -divulgadas en noviembre del año pasado-, aparece siempre cerca al procurador Carrillo una mujer de vestido blanco, que muchos en el Tolima no conocen.

Se trata de Diana Leonor Buitrago Villegas, una abogada que hizo su carrera en el sector público de la mano de los hermanos Emilio y Rosmery Martínez Rosales. “En El Espinal todo el mundo sabe que ha sido la mujer de confianza de Emilio, desde antes de llegar a la Cámara de Representantes”, dijo una fuente allegada a la familia Martínez. (Ver: La parranda del procurador Carrillo con los políticos del Tolima)

Diana Leonor llegó con Emilio Martínez a la Cámara de Representantes en noviembre del año 1994. Según los registros obtenidos por EL OLFATO, su nombramiento se hizo a través de la resolución MD-1062 e inició con un salario de $592.200.

Esa información la confirma la misma abogada en la hoja de vida publicada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep). Además, cuenta que después trabajó en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República, pero con Rosmery Martínez, quien reemplazó a su hermano después de que la justicia declarara su muerte política por hechos de corrupción.

Diana Leonor, la leal colaboradora de los Martínez Rosales, es la esposa de Juan Carlos Cortés González, nada más y nada menos que el viceprocurador general de la Nación, el segundo al mando en la Procuraduría. (Ver: “Es antiético y de doble moral”: veedor sobre fiesta de políticos en la que estuvo el Procurador Carrillo)

“Ese es el canal de comunicación de los hermanos Martínez Rosales y la Procuraduría. Por eso les dieron las procuradurías provinciales de Chaparral, Ibagué y Girardot (que tiene competencia en varios municipios del Tolima). Esos cargos los usan para cuidar a los amigos de Cambio Radical y arrodillar a los enemigos”, reveló una fuente de EL OLFATO en la Procuraduría, que por obvias razones pidió la reserva de su identidad.

Ante la gravedad de la denuncia, esta redacción buscó -desde diciembre del año pasado- a los esposos Diana Leonor y Juan Carlos, al segundo a través de la oficina de prensa de la Procuraduría, pero ninguno accedió a una entrevista.

Tampoco lo hizo el excongresista Emilio Martínez, a quien se le marcó insistentemente a su teléfono celular y se le dejaron mensajes en su chat de WhatsApp.

La señora Buitrago se desempeña en la actualidad como superintendente Delegada de Registro de Instrumentos Públicos, posesionada por el entonces superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, exdirector del partido Cambio Radical.

¿Procuradurías con Cambio Radical y sus amigos?

“Yo tuve que arrodillármele a Emilio porque me abrieron un proceso disciplinario ‘chimbo’, pero con eso me jodían y me sacaban del cuadrilátero. Si uno quiere seguir en política, le toca cogerla suave con esa gente porque lo joden a uno”, dijo un exalcalde del Tolima, quien se declaró víctima de la persecución política de los hermanos Rosales a través de la Procuraduría.

Según las fuentes consultadas por EL OLFATO en ese ente de control, Emilio Martínez controlaría a los procuradores de Ibagué, Elkin Anselmo Oliveros; Chaparral, Carlos José Triana, y Girardot, Hasbleidy Castro Oviedo, quien tiene jurisdicción en municipios con alcaldes de Cambio Radical o amigos de esa organización como El Espinal, Flandes, Coello, Carmen de Apicalá, Melgar y Villarrica, entre otros.

Coincidencialmente, al revisar recientes decisiones disciplinarias de estas procuradurías, en todas hay una coincidencia: los funcionarios cercanos a Cambio Radical resultan absueltos y otros reciben sanciones leves.

Casos de presunto favorecimiento a Cambio Radical

1. Caso elección irregular de excontralor de Ibagué: Después de la intensa presión mediática, la Procuraduría General no tuvo otro camino que suspender a 15 concejales y un exconcejal de la ciudad por la elección irregular del excontralor Municipal Ramiro Sánchez, quien fue promovido por Cambio Radical. (Ver: Procuraduría confirma leve sanción a concejales de Ibagué por elección irregular del excontralor Ramiro Sánchez)

A los cabildantes ibaguereños les impusieron una suspensión de nueve meses para el ejercicio de sus funciones, mientras que, por esa misma falta, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años a 16 concejales de Valledupar.

Y, sin explicaciones jurídicas muy sustentadas, terminaron absolviendo al excontralor Ramiro Sánchez, quien se hizo elegir estando inhabilitado. (Ver: Otro favor de la Procuraduría para el partido Cambio Radical: absolvieron a Ramiro Sánchez)

“El Código Único Displinario dice que la falta es del que elige como del que se hace elegir, pero aquí como es de Cambio Radical no pasa nada”, dijo el abogado Wilson Leal, uno de los abogados administrativistas más respetado del Tolima.

2. Caso elección irregular del expersonero de Ibagué: Este proceso contra los concejales de Ibagué por la elección irregular del expersonero Julián Andrés Prada, también respaldado por Cambio Radical, está semi-engavetado.

La investigación disciplinaria contra los concejales está engavetada hace tres años, y el expediente que se había abierto contra el expersonero de Cambio Radical se cerró a su favor, es decir, no le pasó nada. La oficina de prensa de la Procuraduría confirmó que no hay abierta ninguna investigación en contra de Prada.

3. Posesión irregular de Alberto Girón como gerente del Ibal: La Procuraduría Provincial de Ibagué impuso una sanción de dos meses para ocupar cargos públicos al exgerente del Ibal Alberto Girón por haberse posesionado, pese a que estaba inhabilitado por una sanción que le impuso la Contraloría Departamental del Tolima, en hechos ocurridos en enero del año 2016. (Ver: El regalo de Navidad de la Procuraduría para Alberto Girón)

Girón es precandidato a la Alcaldía de Ibagué, respaldado por el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo y, muy seguramente, por Emilio Martínez y Cambio Radical, razón por la cual su sanción fue muy leve.

Por un caso similar, la Procuraduría sancionó con 15 años de destitución e inhabilidad a un funcionario de la Alcaldía de Casanare el año pasado. (Ver: La sanción al funcionario de la Alcaldía de Casanare)

Y, para rematar, el funcionario que lo posesionó, el secretario de Hacienda de Ibagué, Juan Espinosa, quien ejercía ese día como alcalde encargado, fue absuelto por la Procuraduría. Espinosa fue aspirante al Concejo Municipal en octubre de 2015, con el aval de Cambio Radical. (Ver: Posesionaron al gerente del Ibal pese a que estaba inhabilitado)

“Hubo falta de Girón al posesionarse inhabilitado, por eso lo sancionan, pero sacan del proceso a Juan Espinosa que fue quien lo posesionó. ¿Cómo se explica eso? Pues esa es la mano negra de Cambio Radical”, expresó otra de las fuentes.

4. Contratación irregular del alumbrado navideño de Ibagué: El proceso disciplinario contra el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, amigo de los hermanos Martínez Rosales, por la contratación irregular del alumbrado navideño del año 2016 también está engavetado. (Ver: Fiscalía radicó escrito de acusación contra el alcalde Jaramillo por el escándalo del alumbrado navideño)

Ya la Fiscalía le imputó a Jaramillo el presunto delito de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, y en la Procuraduría aún no saben si hay méritos para cerrar o continuar con el proceso.

Es más, el mismo mandatario ha dicho a través de su defensa que él sí pudo cometer un “error” en ese sonado contrato, pero que era más disciplinario que penal, lo cual es una aceptación anticipada de las faltas que cometió. Sin embargo, el Ministerio Público sigue en silencio.