Descubren ‘triangulación’ de recursos en la Secretaría de Salud del Tolima

Una auditoría de la Contraloría General de la República puso al descubierto serias irregularidades en el manejo de los recursos de la Secretaría de Salud del Tolima, hallazgos que podrían ser apenas la punta del iceberg de un nuevo escándalo de corrupción en el departamento.

Por estos presuntos malos manejos, la Contraloría dejó consignados en su informe 15 hallazgos con incidencia fiscal por $1.041 millones, 25 más los envió a la Procuraduría para que investigue disciplinariamente a los funcionarios involucrados y un último hecho fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, por tener connotación penal.

El informe reveló que la Secretaría de Salud del Tolima suscribió millonarios convenios interadministrativos con hospitales públicos de Chaparral, Anzoátegui, Murillo y Lérida, pero en algunos de ellos las tareas terminaron siendo ejecutadas por cuestionadas fundaciones y los recursos públicos se fueron a los bolsillos de particulares. Se trató de una ‘triangulación’ de recursos similar a la que hizo la Alcaldía de Ibagué con el alumbrado navideño del año 2016, y que hoy tiene al alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo ad portas de una imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Pero hay más. La Contraloría también descubrió que en estos contratos se pagaron actividades que no se ejecutaron y las personas que supuestamente cobraron esas cuentas negaron haber prestado sus servicios. Igualmente pagaron dos veces los mismos gastos operativos y los vacíos contractuales fueron la constante.

“No se determinaron los objetos de los contratos, con las especificaciones técnicas mínimas de los bienes y servicios requeridos para desarrollar cada una de las actividades contratadas; sino que simplemente se estipuló un presupuesto por municipio, por obligación contractual o por actividad en forma genérica”, dice el informe de la Contraloría General de la República.

Contrato ‘exprés’ en Chaparral

El contrato más cuestionado en esta auditoría fue el celebrado entre la Secretaría de Salud del Tolima y el hospital San Juan Bautista de Chaparral, el 9 de junio del año 2016, por $ 1.000 millones, para la prevención del zika y el chikunguña en 11 municipios del departamento.

Resulta que las dos entidades públicas firmaron ese convenio interadministrativo, muy posiblemente, para evadir la ley de contratación pública y poder tercerizar las obligaciones en un particular escogido por el hospital de Chaparral.

Según la Contraloría, el día 19 de julio la Fundación Vida y Salud Solidaria (Fundasalud) presentó una oferta y, tres días después, el 22 de julio, fue seleccionada para ejecutar las tareas que le encomendó la Secretaría de Salud del Tolima al hospital San Juan Bautista. Ese contrato, por $930.500.000, lo firmaron Ángela Maritza López, como gerente encargada del hospital de Chaparral, y Andrea Carolina Ramírez Varón, representante legal de Fundasalud.

“Si la Secretaría de Salud del Tolima buscó al hospital de Chaparral era porque contaba con la idoneidad y el personal para ejecutar las obligaciones del contrato; no se entiende por qué terminó subcontratando las mismas obligaciones del convenio No 637 de 2016”, sostiene una fuente de la Contraloría.

Asímismo, la investigación alertó sobre cobros irregulares en este polémico caso. Por ejemplo, el subcontratista Fundasalud cobró $144.800.000 por la recolección de inservibles y el transporte de personal, pero las personas que supuestamente cobraron estos servicios negaron -por escrito- haberlo hecho.

“Lo anterior debido a deficiencias en la etapa precontractual, incorrecta decisión administrativa de la Dirección del Hospital al pagar por servicios no prestados y del contratista por cobrarlos, y falta de supervisión y control por parte de la supervisión de la Secretaría de Salud del Departamento y del Hospital San Juan Bautista de Chaparral, lo que generó detrimento patrimonial en cuantía de $144.8000.000, afectando los recursos de salud pública”, denunció la Contraloría.

Otro pago indebido fue el que hizo el hospital San Juan Bautista, supuestamente por la operación logística de un proyecto que no ejecutó, advirtió el ente de control fiscal. Por ese ítem, el centro asistencial le cobró a la Secretaría de Salud del Tolima la suma de $56.000.000, y el subcontratista (Fundasalud) igualmente facturó $75.000.000.

Ante la evidente irregularidad, el centro asistencial tuvo que devolver el dinero.

Secretaria de Salud, guarda silencio

Ante las graves irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República, este medio de comunicación buscó una entrevista con la secretaria de Salud del Tolima, Sandra Liliana Torres, pero la funcionaria no contestó.

Su proceder ha sido una constante.

Esta funcionaria no responde ni siquiera las solicitudes hechas a través de derechos de petición. En julio del año 2016, cuando precisamente le preguntábamos por los convenios que suscribió con los hospitales de los municipios del Tolima, contestó así: “En atención a su oficio de fecha 20 de junio de 2016, en el cual se solicita información de los convenios celebrados por la Secretaría de Salud del Tolima; de manera atenta me permito informarle que dicha información se encuentra publicada en el Portal de Contratación de Colombia Eficiente (Secop).

Fundasalud y el gobierno de Luis H. Rodríguez

No es la primera vez que el nombre de la Fundación Vida y Salud Solidaria aparece en un cuestionado proceso de contratación con el Estado. En enero del año 2016, EL OLFATO denunció que Fundasalud recibió un contrato de la administración del exalcalde Luis H. Rodríguez, por $578.489.000, faltando apenas 25 días para que finalizara su mandato.

Esta fundación tenía menos de cuatro semanas para aplicar 30.000 encuestas y determinar cuáles eran las dolencias de los ibaguereños, pertenecientes a los estratos uno y dos. Este caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, pero nunca se conocieron los resultados de la investigación.

Tampoco se ha podido establecer cómo logra Fundasalud quedarse con estos jugosos contratos con el Estado, en procesos contractuales en los que no tiene mucha competencia.

Fuentes del sector de la salud en el Tolima sostienen que el dueño de esta fundación es un comerciante identificado como Marco Antonio Ramírez Varón, quien es muy cercano a un representante a la Cámara del partido de La U.

Ramírez aparece en el certificado de existencia y representación legal de Fundasalud como miembro de la junta directiva y representante legal suplente.

Asimismo, se pudo establecer que esta controvertida organización resultó salpicada en una investigación por el tráfico de medicamentos falsificados para enfermedades de alto costo. Una de sus droguerías en Ibagué fue allanada por la Policía Fiscal y Aduanera en junio de 2017.

Otros casos de tercerización

En el año 2016, en el hospital San Juan de Dios, de Anzoátegui, también tercerizaron los contratos entregados por la Secretaría de Salud del Tolima.

La Fundación Educación y Salud, y la Corporación Salud, Desarrollo y Bienestar resultaron siendo las favorecidas con la subcontratación que hizo el hospital, centro asistencial que les giró $267.215.943.