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Es inconcebible que, en medio de una crisis de la magnitud generada por la manifestación pacífica realizada por los transportadores en la ciudad de Ibagué, el alcalde municipal haya abandonado la mesa de diálogo, recrudeciendo el caos que hoy vivió la ciudad.
Cómo máxima autoridad de transporte y aunado a la tozudez, arrogancia y poca comprensión de la situación que afrontan los ciudadanos de a pie en Ibagué, se puede concluir que el alcalde es el directo responsable de esta situación.
El alcalde logró un nefasto récord que habla de su pésima gestión “el paro de transportadores más largo de la historia en las ciudades colombianas”, en Ibagué van 11 días, del martes 25 de julio a hoy 4 de agosto, quitándole el récord a la Bogotá de Samuel Moreno Rojas que duro cuatro días, del lunes 1 de marzo al jueves 4 del 2010. Con una diferencia, allá: sí hubo licitación.
Amenaza a las empresas de transporte con la cancelación de la habilitación por no prestar el servicio.
Esa amenaza solo recrudecerá las diferencias y la ausencia de colaboración por parte de los transportadores, situación que ha sido el principal factor en el retraso del Sistema Estratégico de Transporte Público (Setp) en Colombia. Se vislumbra un proceso lento, ineficiente y problemático, sin un rumbo claro de ejecución, que podría extenderse hasta 12 años o más, tal como ha sucedido en las ciudades antecesoras a Ibagué con sus respectivos Setp.
Crear una empresa pública de transporte en Ibagué
Los antecedentes en Colombia de la operación del transporte público colectivo urbano de pasajeros gestionada por empresas públicas, muestran pésimos resultados por variadas razones, de las cuales destaco las siguientes: la toma de decisiones influenciada por intereses políticos en lugar de considerar aspectos técnicos y de eficiencia, falta de inversión y mantenimiento, baja la calidad del servicio, altos costos operativos, utilización inadecuada de los recursos, problemas financieros y competencia con transporte informal.
Un ejemplo de lo manifestado en el párrafo anterior es la Empresa Distrital de transporte urbano.
En el ámbito local solo es necesario observar el descalabro del catastro multipropósito; errores en la factura, impresiones, demoras, largas filas, solo por ilustrar con un ejemplo los antecedentes de la actual administración.
La habilitación o permiso de operación del servicio de transporte, esta reglado en el decreto 1079 de 2015 denominado “Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte”, donde no se hace diferencia entre si es pública o privada, exige catorce requisitos de los cuales destaco los de mayor relevancia:
- Numeral quinto: Contratos de vinculación del parque automotor que no sea propiedad de la empresa.
- Numeral sexto: Relación del equipo de transporte propio, de socios o de terceros, con el cual prestará el servicio.
Estos numerales permiten concluir que la intención de la administración de crear una empresa municipal pública de transporte, depende de que los propietarios de los vehículos firmen los contratos de vinculación, situación poco probable si observamos un paro de 11 días donde ningún vehículo ha circulado, más aún cuando los propietarios están en contra de la
propuesta.
- Numeral décimo segundo: Demostración de un capital pagado o patrimonio líquido de acuerdo con el valor resultante del cálculo que se haga en función al número de vehículos que prestaran el servicio.
La administración debería tener disponible para cumplir con este requisito un capital aproximado de $4.000 millones, observando los cerca de 950 vehículos que en la operan en la
actualidad. Un tiro al aire muy costoso para los ibaguereños.
El decreto 1079 de 2015 artículo 2.2.1.1.5.4 exige adelantar un proceso de licitación pública para autorizar la prestación del servicio.
El proceso de licitación pública en Colombia está sujeto a regulaciones y procedimientos establecidos por la ley, en el mejor de los casos se desarrolla entre tres y cuatro meses, a continuación, presento una línea de tiempo general para adelantar un proceso de licitación pública de manera rápida y eficiente:
Preparación – un mes
- Elaboración de los términos de referencia o pliegos de condiciones.
- Análisis y definición del presupuesto estimado.
- Realización de estudios previos y análisis de mercado.
- Aprobación de los documentos por parte de la entidad estatal competente.
Publicación del proceso – dos semanas.
Presentación de ofertas – tres semanas.
Adjudicación – un mes
Suscripción del contrato – dos semanas.
Entendiendo que la agilidad demostrada por la actual administración es deficitaria, se puede concluir que el tiempo que le queda de gobierno es insuficiente para adelantar este proceso caprichoso. Los invito a consultar los tiempos que tardaron para realizar los procesos adelantados hasta el momento.
Una evidencia aún más contundente hace referencia a los recursos del crédito aprobados por $165.000 millones; en tres años y medio han ejecutado cerca del 30 %. Me pregunto,¿podrán ejecutar 70 % en cinco meses? ¡Vislumbro afán y errores!
