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La más reciente ola de calor que golpeó con intensidad gran parte del territorio colombiano, pero también a varias regiones del mundo, nos dejó en evidencia: el tiempo se agota, se necesitan acciones concretas para enfrentar la crisis climática, y éstas deben estar acompañadas por el Estado, el sector productivo y la sociedad civil en general.
Para un análisis del momento, propongo partir de la idea de un doble consenso.
Primero, existe un consenso científico al interior del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), el cual señala que la crisis climática es causada por el modelo de desarrollo imperante, basado en la quema de combustibles fósiles.
Segundo, distintas - y diversas- entidades locales, regionales e internacionales, tales como CEPAL, Fedesarrollo, OCDE y Ministerio de Hacienda, coinciden en la dependencia económica, fiscal y de balanza de pagos de Colombia con respecto a dicho modelo de desarrollo.
Si tomamos en cuenta que, como parte de distintos compromisos internacionales, algunos de los países centrales, los que más demandan y consumen recursos hidrocarburíferos, están virando hacia procesos de transición de bajo carbono, este doble consenso científico supone la posibilidad de un escenario de transición energética, no solo como instrumento para combatir la crisis climática, sino también representa, para países como Colombia, una oportunidad histórica para el desarrollo de una economía productiva, en lugar de extractivista, a partir de fuentes no convencionales de energía renovable.
Y es que el cuidado del medio ambiente resulta ser un asunto político, social y económico crucial para nuestros tiempos.
No se puede pensar en políticas del cuidado del medio ambiente desligadas de las dimensiones sociales y económicas, así como no se puede pensar en iniciativas de desarrollo económico que no contemplen la protección, el cuidado y la preservación del medio ambiente.
Por ello, resulta imperativo hablar de Transición Energética Justa en Colombia.
Sostenida en los principios fundamentales de equidad y democratización; gradualidad, soberanía y confiabilidad; participación social vinculante; y que sea intensiva en conocimiento, el concepto de transición energética en Colombia parte desde un enfoque de justicia social, ambiental y energética, al tiempo que promueve y fortalece la implementación de energías renovables, y propicia la transformación productiva del país a partir de la agricultura, el turismo, la industria, la bioeconomía y la generación de ingresos a partir de las fuentes de energía renovables.
La lucha contra la crisis climática y el paso hacia una transición energética en Colombia requiere el compromiso de todos los sectores sociales del país, asimismo, conlleva una serie de desafíos alrededor de las fuentes de financiamiento; de su marco normativo; del diseño, formulación e implementación de políticas públicas; y de la configuración de una cultura de la transición energética que logren llevarla a cabo.
No obstante, el tiempo se agota, se precisan acciones concretas, y la Transición Energética Justa constituye un proceso clave para la lucha contra el cambio climático, supone una transformación hacia una economía diversificada de bajo carbono y permite avanzar en el cumplimiento de los compromisos internacionales.
