Condenan al Ejército a pagar $215 millones por falso positivo en Cunday
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El Tribunal Administrativo del Tolima condena al Ejército Nacional y a la Nación a pagar $215. 310.150 a los padres y familiares de José Wilmar Giraldo Vargas, asesinado el 26 de marzo de 2008 en zona rural del municipio de Cunday.
Giraldo Vargas y José Agustín Serrano fueron asesinados supuestamente en enfrentamiento entre miembros del batallón contra guerrillas No. 6 Pijaos y el Frente 25 de las Farc al que pretendieron hacer creer que pertenecían.
Ambos fueron sepultados como NN y sus restos hallados en 2009 tras la denuncia interpuesta por desaparición por parte de sus familiares.
Según los miembros de la fuerza pública, al final del encuentro les fueron halladas prenda privativas de las fuerzas militares, un revolver calibre 38, una granada de mano, cuatro proveedores para fusil AK47, un chaleco multipropósito y un radio digital.
Sin embargo, de acuerdo con el Tribunal Administrativo, Giraldo Vargas y Serrano residían permanentemente en El Espinal y tenían problemas de drogadicción.
Se corroboró que, Giraldo Vargas había sido internado dos meses antes de su deceso en el Centro Manantial de Vida en Girardot, para lograr su desintoxicación incluso ya había sido recluido en ocasiones anteriores.
Por otra parte, según declaraciones de Luis Ferney Trigueros, amigo de las víctimas, él presenció cuando un grupo de personas armadas, los subieron a un vehículo y se los llevaron, logrando escapar de ello.
De otro lado, para el Tribunal causa gran extrañeza que se afirmara que Giraldo Vargas hacía parte de un grupo al margen de la Ley, cuando sus familiares, al notar su desaparición, pusieron el hecho en conocimiento de las autoridades, pues de ser cierta su pertenencia al grupo subversivo no hubiesen notado su desaparición.
Además, se pudo verificar que Giraldo Vargas iba a viajar a España junto con su madre y ya había o tenido su pasaporte y el permiso de residencia Temporal por parte del Gobierno español.
En el caso de Serrano el Tribunal ya había dictado sentencia condenatoria en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, y el Ejercito Nacional.
Críticas a la Fiscalía
El Tribunal Administrativo compulsó copias a la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos para que acompañe las diligencias ante la Fiscalía y que no haya impunidad en la muerte de ambos jóvenes.
Para el Tribunal no deja de sorprender que, pasados más de diez años de los hechos, la Fiscalía informe que la investigación se encuentra en fase de indagación, sin que se hubiese individualizado a los responsables de los hechos y, mucho menos, se hubiesen imputado cargos.
Según el fallo, esto denota "una clarísima denegación de justicia, que atenta contra la institucionalidad de la existencia del estado Social de Derecho".
