Concejales sancionados de Ibagué buscan millonaria indemnización

Siete de los 15 concejales de Ibagué que fueron sancionados con nueve meses de suspensión por la Procuraduría General, por haber elegido irregularmente al excontralor Ramiro Sánchez, buscan que se les indemnice por daños y perjuicios. Cada uno reclamará a través de una acción de nulidad la suma de $73’797.325 para un total de $516’581.275.

Se trata de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho que presentaron los cabildantes en contra de la Procuraduría General de la Nación, entidad que aparece como demandada en el Tribunal Administrativo del Tolima.  

Los concejales que buscan ‘echar de para atrás’ la sanción de la Procuraduría son: Carlos Andrés Castro León (Partido Liberal), Víctor Ariza Loaiza (Partido Liberal), Víctor Gracia Contreras, Juan Ávila Sánchez (Partido Mais), Marco Tulio Quiroga (Partido Liberal), William Rosas Jurado (Partido Verde) y Camilo Delgado (Partido Liberal), este último candidato a la Alcaldía de Ibagué por dicha colectividad y quien renunció a la curul.

Para el exgerente del Ibal Eduardo Bejarano se sale de toda proporción que estos concejales, pretendan que, con los impuestos de los ibaguereños, se les indemnice por los errores en los que incurrieron en la elección del excontralor Sánchez,  y pese a todas las advertencias dadas a través de los medios de comunicación sobre su inhabilidad.

“Lo mínimo que deberían hacer estos concejales es con respeto y con dignidad cumplir esa sanción y presentarse ahí sí a las nuevas elecciones, pero me parece improcedente y es el colmo”, criticó Bejarano.

De igual manera, cuestionó la corresponsabilidad que tienen los cabildantes en el desgobierno que vive la ciudad, porque a raíz de su actuar, la ciudad no tuvo por más de dos años ni contralor ni personero en propiedad.

“Todo esto facilitó el accionar de los corruptos y hoy la ciudad está en una situación igual o peor de lo que se vivió con Luis H. Ellos más bien son los que deberían devolver o reintegrar a la ciudad por su actuar ligero e irresponsable”, puntualizó el exdirectivo.

Para el veedor y abogado Harold Ríos Tinoco, es un “descaro” que pretendan, después de haber “traicionado” los intereses del colectivo social, que se les pague lo dejado de percibir producto de la sanción.

“Está clarísimo que ellos actuaron de mala fe y eso lo dijo el Consejo de Estado en la sentencia. Antes que agradezcan que la Procuraduría fue benévola, gracias a los padrinos políticos que tienen, y solo les dieron nueve meses de sanción, porque ante la gravedad de la falta que cometieron era para que se hubieran ido de destitución y una inhabilidad mínima de 10 años”, reprochó.

Finalmente precisó que a los concejales aún les están pendientes las investigaciones tanto de la Fiscalía como de la Procuraduría en cuanto a la elección de Julián Prada como Personero y de Doris Caviedes, como Secretaria General del Concejo, que fue declarada nula por el Consejo de Estado.