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Capturan al Alcalde de Palocabildo por contrato irregular celebrado para atender la emergencia del COVID-19

El mandatario fue procesado por los presuntos delitos de falsedad ideológica en documento público y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.
Justicia
Autor: Redacción Justicia
Autor:
Redacción Justicia
Foto: Tomada de Facebook

Las investigaciones por las irregularidades detectadas en los contratos de emergencia por el COVID-19 en el Tolima arrojaron los primeros resultados. Hombres de la Policía Nacional capturaron al alcalde del municipio de Palocabildo, Nelson Gómez, procesado por los presuntos delitos de falsedad ideológica en documento público y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.   

El mandatario resultó envuelto en un escándalo por la celebración de un contrato de “logística para el acompañamiento de los planes de acción en contra de la pandemia”, por valor de $72 millones. La negociación se hizo con la Fundación PM2, cuyo representante es el señor Marco Héctor Arias Bobadilla.  

Según la investigación, el contrato se celebró tiempo después de haberse ejecutado las obligaciones del mismo. Es decir: pretendieron legalizar hechos cumplidos, situación que fue alertada por la entonces secretaria de Salud de Palocabildo, Victoria Suárez.  

Al notar estas inconsistencias, la señora Suárez decidió no firmar la documentación necesaria para solicitar el certificado de disponibilidad presupuestal y, posteriormente, fue despedida del cargo. 

La Fiscalía encontró que el contrato fue suscrito el primero de abril del presente año, y no el 21 del mismo mes, como lo aseguró el alcalde Gómez y como apareció registrado en el portal de contratación del Estado (Secop).

Pero hubo más. En los documentos publicados en el Secop aparecía la exsecretaria de Salud de Palocabildo como supervisora del contrato.

El caso fue denunciado ante la Procuraduría Provincial de Honda y el expediente también fue remitido a la Fiscalía General de la Nación. 

El Alcalde capturado fue elegido en octubre del año pasado, con el aval de los partidos Liberal, Cambio Radical y el Centro Democrático.

 

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