Cortolima pide a la Superservicios que obligue al Ibal a pagar más de $17.000 millones que debe por contaminar cuatro ríos

La directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso, denunció al Ibal ante la Superintendencia de Servicios Públicos por no pagar una millonaria deuda que tiene por contaminar cuatro fuentes hídricas de la región y alertó que el crecimiento anual de esta obligación puede poner en riesgo financiero la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado.

En una comunicación enviada al superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, la funcionaria le informó que el Ibal, durante la administración del ingeniero Andrés Hurtado, se ha negado a cancelar la tasa retributiva que fijó la ley como compensación por descargar aguas residuales en los ríos Combeima, Alvarado, Opia y Chipalo. Además, tampoco quiere ponerse al día con las multas impuestas por sus acciones contaminantes.

A la fecha, el Ibal debe $11.774 millones correspondientes a la tasa retributiva -que no paga desde el año 2020- y $5.494 millones en multas y sanciones. En total, son $17.268 millones que le reclama Cortolima a la empresa local.

“En ese orden de ideas se solicita de la manera más respetuosa a la Superintendencia para que dentro de sus competencias se inste al IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL para indique si carece de los recursos para pagar la tasa retributiva, y si ello comprometería la viabilidad económica de la empresa. Aunado a lo anterior, se presentaría una agravación de la conducta desplegada por la empresa el IBAL, puesto que, los recaudos según lo manifestado por la parte administrativa, se han realizado vía tarifa sobre el valor del 1%, siendo el deber cancelar estos valores a la corporación y no tenerlos en sus cuentas, generando un riesgo a los intereses económicos y jurídicos de esta empresa de servicios públicos, puesto ni siquiera el valor que argumenta el IBAL en sus reclamaciones debe pagar lo está haciendo”, dice el oficio conocido por EL OLFATO. (Ver documento)

El Ibal ha interpuesto varios recursos, la mayoría extemporáneos, para evitar cancelar la millonaria obligación.

“Se advierte que el IBAL S.A E.S.P. pretende evadir el pago con una serie de maniobras y argucias, pese a que el acto administrativo contenido en la Resolución No. 2809 de 10 de agosto de 2021 no ha sido anulado ni suspendido, por tanto, goza de la presunción de legalidad conforme lo dispone el artículo 881de la Ley 1437 de 2011; cuestión que conllevará ineludiblemente a un deterioro precipitado en materia financiera y económica a la empresa de servicios públicos, debido al detrimento patrimonial generado con ocasión a los intereses moratorios que se han causado a la fecha por el no pago de la tasa retributiva”, alertó la directora de Cortolima.

Esta comunicación dirigida a la Superintendencia de Servicios Públicos pondrá en jaque a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (Ibal) y el alcalde Andrés Hurtado tendrá que responder políticamente por el inminente daño patrimonial que se generaría por el no pago de esta obligación. (Ver: Hurtado anuncia que su movimiento político se llamará “Libres y unidos”, como respuesta al “patriarca” Barreto)

Esta punga ambiental y económica se agudizó después de que el alcalde Hurtado le declarara la guerra al grupo político del senador Óscar Barreto, quien controla casi todas las entidades públicas de la región, entre ellas, Cortolima. (Ver: Hurtado sube el tono y lanza advertencia a Barreto: tengo artillería y también tengo mis armas)