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Aranda se ha hecho la de la ‘vista gorda’ con el escándalo del puente de la 60: exalcalde de Ibagué

La Alcaldía de Ibagué estaría incurriendo en omisiones que podrían convertirse en delitos, aseguró el exmandatario.
Ibagué
Autor: Redacción Ibagué
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Redacción Ibagué
Aranda se ha hecho la de la ‘vista gorda’ con el escándalo del puente de la 60: exalcalde de Ibagué

La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, fue acusada de mirar para otro lado y guardar silencio sobre la fallida obra del puente de la 60.

El señalamiento lo hizo el exalcalde Rubén Darío Rodríguez, quien aseguró que la mandataria no ha querido declarar el incumplimiento de la obra, tampoco liquidar el contrato, y mucho menos iniciar las sanciones a que haya lugar, sino que, por el contrario, parece proteger al contratista incumplido Olaguer Agudelo Prieto.

“La alcaldesa de Ibagué, en una protuberante omisión constitutiva de sanción penal, se ha hecho la de la vista gorda, dándole largas al mismo contratista, sabiendo que no va a cumplir, buscando la cesión a exfuncionarios de la administración a través de terceros, según se dice en el corrillo surgido de los mismos ingenieros y evitando declararle la caducidad, con las consecuencias que ello acarrea”, aseveró el exmandatario.

Esas omisiones, aseguró Rodríguez, son de carácter penal y se configuraría un delito de presunto prevaricato que debería ser investigado por la Fiscalía.

“En el Secop II el contrato se encuentra muerto por vencimiento del tiempo. Lo extraño es que no han colgado más actuaciones, lo que es una muestra más del interés ilícito que les asiste a los funcionarios que participaron y participan aún en el proceso. Cuando se evidencia un posible incumplimiento de las obligaciones del contratista, la entidad pública lo cita a audiencia, evento que no ha ocurrido a pesar de todas las evidencias que demuestran el incumplimiento”, dijo.

Y lamentó: “la Alcaldía a cargo de Aranda omite deliberadamente iniciar los trámites de incumplimiento, situación que amerita investigación disciplinaria e inicio de proceso ante la Fiscalía por la omisión deliberada de tal procedimiento, puesto que la alcaldesa se convirtió en mandadera de su jefe político, con las consecuencias penales que ello acarrea. Está demostrado el favorecimiento a un contratista incumplido”. (Ver: Así desviaron $1.600 millones del puente de la 60 a familiares de Olaguer Agudelo)

EL OLFATO supo que la alcaldesa, en su desespero, habría estado ofreciendo el contrato al ingeniero Ricardo Ortigoza y otros profesionales de la ciudad para sacar adelante el puente de la 60. Pero ninguno parece que quisiera recibirlo.

Aunque la mandataria tampoco descartaría la posibilidad de prorrogar el contrato para que el actual contratista continúe con la obra.

Sobre eso, el exalcalde Rubén Darío Rodríguez mencionó que, a diferencia de Aranda, las autoridades departamentales ya ‘pusieron en cintura’ al contratista Olaguer Agudelo Prieto, quien también dejó paralizadas otras obras en Chaparral y Rioblanco, sur del Tolima.

“La gobernadora del Tolima anunció que se habían iniciado las acciones por el incumplimiento de las obligaciones del contratista en los contratos de obra pública de los hospitales de Chaparral y Rioblanco. Ello lleva a que por acto administrativo motivado se den por terminados los contratos ordenando su liquidación, haciéndose efectiva la cláusula penal y determinando el menoscabo patrimonial ocasionado”, indicó.

Rodríguez también cuestionó al jefe político de Aranda, Andrés Hurtado, por adjudicar la construcción de esa megaobra a un contratista que había dejado a medias y abandonados sus otros proyectos. (Ver: Los antecedentes de incumplimientos del contratista del puente de la calle 60)

“La Alcaldía de Ibagué adjudicó el contrato del puente elevado de la 60 a contratistas que habían incumplido obras en Córdoba y Huila por lo que se preveía que no cumplirían en Ibagué. Y se adjudicó a toda costa pese a las advertencias y a las irregularidades denunciadas en el proceso licitatorio, a estudios y diseños del proyecto inconclusos, al presunto direccionamiento en el proceso, violando el principio contenido en la ley 80 sobre la pluralidad”, dijo.

Y lamentó: “a todas luces parecía que era una obra sin planificar, lo que llevó a paralizaciones amparadas en falta de permisos de Cortolima y permisos del Instituto de Antropología, que debieron haber sido solicitados con anticipación”.

El exalcalde señaló otros escándalos que rodean la obra, como la falta de pago a los trabajadores, pese a que le giraron al contratista $2.627 millones en anticipos. O el despido de la entonces secretaria de Infraestructura, Sharon Guzmán, por decir que el contratista estaba ilíquido. (Ver: Alcaldía de Ibagué dice que no hay motivos para sancionar a contratista de la 60)

“La secretaria fue despedida por el exalcalde Hurtado por haber hecho esas afirmaciones y fue reemplazada por el ingeniero Leonel Nieto, quien atendiendo las directrices de su nominador y demostrando un interés ilícito, la desmintió diciendo que el contratista 'tenía solidez financiera y que no estaba ilíquido'. Eso riñe con la verdad y amerita una investigación de la Fiscalía y Procuraduría, pues después de casi cinco meses la obra sigue abandonada. Recuérdese que en esa misma época se anunció el embargo de los bienes y cuentas bancarias del contratista”, concluyó Rodríguez.

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